Esta semana la Corte Suprema anunció que iba a oír y decidir sobre el caso interpuesto por Texas y otros estados para bloquear la orden ejecutiva del Presidente Obama hecha en noviembre del 2014, la cual establecía la Acción Diferida para padres de americanos y de residentes permanentes legales (DAPA) y expandía la Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA), en existencia desde julio del 2012.
Se proyecta que el resultado de este caso va a afectar hasta a cinco millones extranjeros indocumentados. Una decisión que sostenga la acción ejecutiva otorgaría autorización temporal para que estos individuos puedan trabajar en los EEUU y permanecer aquí con sus familias. El programa de DAPA beneficia a padres elegibles de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que han estado viviendo en los EEUU desde el primero de enero del 2010 y que no tienen estatus legal aquí.
Poco tiempo después del anuncio de DAPA, el fiscal general republicano de Texas interpuso una demanda para bloquearlo. En respuesta, un juez de la Corte de Distrito de EEUU otorgo una medida cautelar temporal, deteniendo la implementación de DAPA a nivel nacional. El gobierno federal le pidió al juez que pospusiera la medida cautelar. Al no recibir una respuesta, el gobierno federal después le solicitó a un tribunal superior que parara la medida cautelar del tribunal de primera instancia mientras ellos apelaban. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se rehusó a parar la medida cautelar, y seguidamente el gobierno federal le solicitó a la Corte Suprema que oyera el caso. El gobierno federal va a argumentar el caso ante la Corte Suprema en el mes de abril, con espera de una decisión en junio. La Casa Blanca alabó la decisión de la Corte Suprema de oír el caso, declarando que “confía en que las normas se van a sostener como legales.”
Los oponentes de la orden ejecutiva argumentan que el Presidente fue más allá de su autoridad y sobrepasó al Congreso al establecer la DAPA. Texas alega que será indebidamente cargado económicamente por DAPA al tener que emitir más licencias de conducir para extranjeros indocumentados. Esto, alega Texas, le va a costar millones al estado debido a que Texas subsidia el costo de otorgar licencias de conducir.
Si la Corte Suprema otorga la apelación del gobierno federal para seguir adelante con DAPA, el Presidente Obama tendrá solamente siete meses para implementar el programa antes de que el siguiente presidente sea juramentado.
“Las normas de acción diferida anunciadas por el presidente en Noviembre del 2014 van a proporcionar grandes oportunidades para que los inmigrantes contribuyan a nuestra sociedad- oportunidades para jóvenes que vinieron a nuestra nación como niños y crecieron jurando lealtad a nuestra bandera, así como para padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales que han vivido aquí por años y que ya han hecho contribuciones para nuestras comunidades y economía,” dijo la portavoz de la Casa Blanca, Brandi Hoffine, en un comunicado por correo electrónico. Predeciblemente, los candidatos presidenciales republicanos han prometido derogar el programa de DAPA si son electos.
Hay mucho en juego, ya que la decisión de la Corte Suprema afectará a más que los millones de extranjeros indocumentados elegibles para la DAPA. El futuro alcance del poder constitucional de la rama ejecutiva está en cuestión, así como el balance del poder entre el Congreso y el Presidente y los derechos de los estados para impugnar la aplicación de órdenes ejecutivas.
Acuda a Antonini and Cohen para actualizaciones periódicas sobre este caso a medida que surjan acontecimientos.